La violencia basada en género: una perspectiva antropológica desde el Sur

Ivel Urbina Medina | Antropo-Lógicas

Foto principal: Álvaro Algarra

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El pasado 17 de mayo Venezuela presenció cómo el odio hacia lo femenino puede alcanzar los niveles más extremos y cruentos posibles. Por las redes circuló un video horrible —si lo ven por ahí, por favor, no lo compartan y denúncienlo— donde aparece en primera plana nuestra compañera Carmen María González Acosta como víctima de un intento de femicidio agravado. No me interesa narrar los hechos, bastante dolorosos de por sí, prefiero que la lean a ella directamente. Lo que me convoca es a escribir sobre la violencia basada en género desde la antropología, articulada con el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, ya que sigue siendo un problema urgente de atender y nuestra disciplina tiene mucho que aportar.

Mis sentipensares —indignación y rabia— sobre lo ocurrido quedaron plasmados en un pronunciamiento de DisConFormas, una colectiva de compañeras unidas por la antropología y por la necesidad de transformar esta disciplina —profundamente sexista y androcéntrica— en una profesión más equitativa, segura y justa para nosotras. Entiendo esa transformación como una condición para que la antropología siga contribuyendo a atender las diversas problemáticas que atañen a Venezuela.

Aclaro algo de entrada, porque suele confundirse: la violencia basada en género es una problemática compleja que no se restringe a las agresiones dirigidas hacia las mujeres y, mucho menos, es una «lucha entre sexos». Se entiende como un entramado de violencias, si, de género, pero también, racistas, clasistas, heterosexistas y coloniales que producen jerarquías: algunas vidas se consideran violentables y otras, dignas de justicia.

Comprender esta complejidad es estructural en la antropología. Desde principios del siglo XX esta ha enunciado algo que todavía hoy es difícil de asumir, el sistema sexo-género es una construcción cultural e histórica, las comunidades reconocen y elaboran diferencias con base a características sexuales. Ahora bien, esa elaboración no es necesariamente binaria y jerarquizada, las posibilidades son múltiples según la cultura y la cosmología de cada grupo. En cambio, en las sociedades occidentales, las mujeres y la sexo-diversidad tienden a ocupar una posición de subordinación respecto a los hombres, a partir de la infravaloración del ser y de las labores que se consideran femeninas.

El movimiento feminista liberal surge en los años setenta para reivindicar los derechos y la visibilización de la «mujer». Esa sublevación la protagonizaron, fundamentalmente, mujeres con características e intereses comunes: blancas, de clase media, amas de casa, cuyas vidas transcurrían alrededor del quehacer doméstico y a quienes se les negaba el acceso a otros espacios públicos (guiño a bell hooks). El problema es que ese feminismo no buscó una igualdad para todas las demás; de manera consciente o inconsciente, fue excluyendo a quienes no encajaban en sus referencias y agendas de lucha —lesbianas, indígenas, negras, entre muchas otras—.

Esa exclusión nace de concebir a la «mujer», en singular, como una categoría universal en la que todas compartimos las mismas problemáticas y soluciones. No es tan simple: existe una enorme diversidad de cuerpos y no priorizamos las mismas reivindicaciones, porque no depende solo de nuestro género, sino también de la posición económica, la ascendencia étnica, la religión, el color de la piel, etc.

De estas reflexiones han surgido múltiples feminismos que no se sienten identificados con aquel. En ese escenario aparece el feminismo decolonial, el cual observa las problemáticas desde múltiples perspectivas, tanto las clásicas como las propuestas subalternas (indígena, afro, popular, trans…). También advierte sobre el «racismo del género» ya que hegemoniza la realidad social de unas cuantas como si fuera universal.

Aquí es donde la antropología tiene mucho que aportar. Conocemos —mejor que cualquier otra ciencia social— la relevancia que tiene la diversidad cultural en cualquier problemática. Ya Margaret Mead, en sus investigaciones con comunidades aborígenes del Pacífico, puso sobre el tapete esta reflexión al mostrar que cada sociedad puede significar los roles de género de manera particular, legitimados mediante la educación y otras instituciones, es decir, no son naturales aunque se encargan como tales.

En este sentido, la violencia basada en género es tan compleja como el sistema sexo-género en general. Trabajos bioarqueológicos en sociedades de hace miles de años en Mesoamérica y en Suramérica han mostrado que no hay evidencias de violencia dirigida a cuerpos femeninos como si las hay en sociedades antiguas de Europa occidental.

Todo ello demuestra dos cosas: la violencia y sus formas no son naturales, sino sociales, culturales e históricas, y los roles de género son construcciones, no destinos biológicos (aunque nuestro cuerpo como organismo biológico es un sustrato que no podemos obviar). En todo caso, una sola perspectiva es inviable cuando las problemáticas tienen un espectro tan amplio de posibilidades.

Los debates desde el Sur sobre la violencia

Desde el Sur Global la conversación da un giro incómodo pero necesario. El feminismo mainstream —centrado en el Estado, la ley y los derechos— se lee como un proyecto ilustrado que homogeneiza e individualiza las experiencias y exporta agendas del Norte, borrando marcos diversos y colectivos. Se critica la apuesta casi exclusiva por reformas legales y capacitaciones estatales como horizonte de lucha, porque reproduce una mirada blanca y urbana, sin cuestionar el papel del propio Estado en la producción de violencias (les recomiendo “la Nacion heterosexual” de Ochy Curiel).

La violencia de género no cae igual sobre todos los cuerpos. Opera de manera selectiva y más intensa sobre identidades feminizadas empobrecidas, racializadas, etnizadas, migrantes y campesinas. Tampoco se reduce a lo físico o lo doméstico, es también estructural, simbólica, epistémica, tecnológica y económica. La violencia sexual, la obstétrica, la esterilización forzada o la criminalización del aborto se leen como continuidad de políticas coloniales de administración de la vida y la muerte de poblaciones racializadas. “Seguridad para el Norte, anticonceptivos para el Sur”.

Estas violencias repercuten de manera interseccional en la salud. Investigaciones bioantropológicas están demostrando cómo la violencia a cuerpos en gestación pueden ocasionar problemas de salud en sus hijes que se extienden a la adultez. A partir de procesos epigenéticos se estima que las consecuencias de estos eventos pueden trascender hasta 4 generaciones. La violencia no es individual es colectiva y se hereda.

Esa continuidad tiene también un rostro territorial. Las agresiones sobre cuerpos indígenas y afrodescendientes se asocian a la explotación de territorios: minería, agronegocio, militarización, desplazamiento forzado y contaminación. En Venezuela vemos que la militarización y la economía extractiva golpean de forma específica los cuerpos de mujeres indígenas que terminan atrapadas en esa maquinaria. Por eso las luchas contra la violencia de género se articulan, casi inevitablemente, con las luchas socioambientales y antiextractivistas.

Conviene desmontar también un supuesto: el Estado como protector neutral. El Estado no es un actor neutral que «protege a las mujeres», sino una institución históricamente implicada en la producción de violencias policiales, carcelarias, obstétricas y migratorias. En varios países del continente la esterilización forzada de mujeres indígenas era una política pública hasta el siglo pasado. En el caso venezolano, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia resulta necesaria, pero insuficiente si no se transforman las estructuras sexistas, racistas, clasistas y coloniales del propio Estado.

Hay, además, una trampa punitivista: nos hace creer que el castigo judicial es el fin último de la justicia; el derecho penal revictimiza y trunca los procesos de quienes deciden denunciar y es aún peor para personas empobrecidas; su uso puede reforzar lógicas carcelarias sobre poblaciones ya sobremarcadas por el racismo y la pobreza, sin tocar las raíces socioeconómicas de la violencia. Así como hay cuerpos dignos de justicia, hay cuerpos culpables por antonomasia.

Cierro este artículo citando a Carmen María: “Lo que ocurrió no fue un conflicto privado. Fue un síntoma social expuesto ante la mirada colectiva”. Pensar la violencia desde la antropología y desde el Sur es un ejercicio que asumo “como académica comprometida con desmantelar las estructuras que la normalizan”. ¡Justicia y bienestar para Carmen María!

Ivel Urbina Medina

Antropóloga