Éder Peña | Como la vida misma
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La historia de América Latina está llena de episodios de luchas y despojos. Como el resto del Sur Global, la región ha visto pasar al colonialismo por encima de todas las formas de vida humana y no humana.
Culturas y naturaleza, que se han mantenido imbricadas desde que existimos como especie, han sufrido embates del saqueo organizado desde un rincón del planeta, lo que ha impulsado el modo como funciona el capitalismo hasta su globalización.
La invasión europea, devenida en oligarquías nacionales, se atribuyó la autoridad para controlar tierras, agua, mano de obra, comercio, elecciones, políticas públicas y derechos de paso y hasta el derecho a la vida.
El informe “Se adueñan de la tierra”, publicado en 2009 por la organización Grain, develó una nueva práctica colonial: El acaparamiento de tierras (o landgrabbing).
Decía el informe:
“Por un lado, los gobiernos con inseguridad alimentaria, que se basan en las importaciones para alimentar a su población, se están apropiando de vastas áreas de tierras agrícolas en el extranjero para la producción en el exterior de sus propios alimentos. Por otro lado, las empresas productoras de alimentos e inversionistas privados, hambrientos de ganancias, en medio de la profunda crisis, ven la inversión en tierras extranjeras como una importante y nueva fuente de utilidades.”
Si se pone el ojo en la fecha, se descubre que no hay casualidad, se trata del mismo año en el que el sistema financiero global se derrumbó en el marco de una crisis más amplia e integral que se manifestó en lo financiero, energético, alimentario, ambiental, cultural, de credibilidad y gobernabilidad, e ideología.
De la dimensión alimentaria de la crisis emergió la necesidad por parte de las élites económicas de invertir en tierras, producción, exportación e importación de productos básicos, en especulación alimentaria.
De allí que, a partir de los grandes terratenientes apoderados de extensos territorios en países del Sur Global, el mismo mecanismo saqueador mutó a uno en el que grandes consorcios y empresas conjuntas (oligopolios) de capitales diversos compran tierras o las arriendan a largo plazo, junto al agua y los patrones y procesos ecológicos contenidos en ellas.
El objetivo es contrarrestar la inseguridad alimentaria de los clientes de estas empresas —países desarrollados y emergentes— en detrimento de la soberanía, en todas sus dimensiones, de los países agroexportadores, no solo alimentaria.
Se trata de fondos de pensión, bancos, grupos de inversión privada de Europa y Estados Unidos, o de magnates como George Soros, que hacen fluir fondos a través de mecanismos de inversión en tierras de cultivo y los ponen a operar mediante compañías extranjeras y locales.
En aquel tiempo, Grain denunciaba que, por ejemplo, mientras gobiernos extranjeros compraban tierras en Sudán para producir y exportar alimentos a sus propios ciudadanos, en Darfur, al oeste de ese país (hoy dividido), el Programa Mundial de Alimentos intentaba alimentar a 5,6 millones de refugiados.
Sudán formaba parte de una lista que completaban Pakistán, Birmania (hoy Myannmar), Camboya, Indonesia, Laos, Filipinas, Tailandia y Vietnam, Turquía, Kazajstán, Uganda, Ucrania, Georgia y Brasil. La lista se ha seguido ampliando hasta llegar a la casi totalidad de países de África y Asia, así como América Latina.
El listado de países denominados “acaparadores” por el informe la encabeza China, las monarquías del Golfo Pérsico, India, Japón, Arabia Saudita, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos.
Además, la empresa BlackRock Inc. acababa de crear un fondo de cobertura agrícola de 200 millones de dólares, 30 millones de los cuales se utilizaban para adquirir tierras en todo el mundo. La llamada “empresa dueña del mundo”, que funciona desde Nueva York, administraba 1,5 billones de dólares en 2008, hoy en día supera los 10,5 billones de dólares, una cifra mayor a la suma del PIB de todos los países del mundo juntos, exceptuando a China y Estados Unidos.
Algunos datos recabados por Nicholas Jacobs, director del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food), dan cuenta del landgrabbing y sus efectos:
- Desde 2000, tierras de alrededor del doble del tamaño de Alemania han sido objeto de acuerdos transnacionales en todo el mundo.
- Según la Iniciativa Land Matrix , aproximadamente el 27% de los acaparamientos transnacionales de tierras han ocurrido en África. Por ejemplo, Blue Carbon, una empresa de compensación de carbono con sede en el Golfo Pérsico, se hizo con unos 25 millones de hectáreas de tierra en cinco países africanos que incluyen un 10% de la superficie de Liberia y el 20% de Zimbabwe.
- El acaparamiento agrava la tradicional y enorme desigualdad de la tierra en América Latina, donde el 10% de las explotaciones controlan hasta el 75% de las tierras agrícolas.
- Con las tierras también son acaparadas las aguas, un análisis reciente de 39 países encontró que, entre 2005 y 2015, estas operaciones exacerbaron la escasez y competencia por el líquido en el 67% de los casos, a menudo con impactos negativos para los pequeños agricultores.
- Los proyectos mineros, asociados a explotaciones de metales de transición para la transición “verde” y a materiales para infraestructura, están ubicados en o cerca de tierras de pueblos indígenas o campesinos.
- Estos proyectos mineros representaron el 14% de los acuerdos de tierras a gran escala registrados en los últimos diez años y absorbieron unos 7,7 millones de hectáreas de tierra a nivel mundial.
- Según proyecciones de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), hasta 3,3 millones de hectáreas de tierras agrícolas del mundo habrán sido absorbidas por las megaciudades en expansión durante el período 2000-2030, y el 80% de la pérdida de tierras se producirá en Asia y África.
En otro informe publicado en 2017, Grain determinó que “el cambio climático y el acaparamiento de tierras están estrechamente relacionados” debido a que las sequías y lluvias extremas dificultan la seguridad de las cosechas de los países compradores. También halló una especie de metamorfosis en el ciclo de estos negocios debido a que muchos fracasaron a causa de mala planificación o incompetencia.
Las plantaciones de palma aceitera por sí solas fueron responsables de la mayor parte del acaparamiento de tierras en el sector alimentos y agricultura en los años previos a la pandemia. En ellas abundan también las nuevas formas de saqueo, cambió el sistema colonial de tributación por el esquema mercantil neoliberal, cuyas regulaciones “están en los Tratados de Libre Comercio y no en las constituciones nacionales”, dice Grain.
Los paraísos fiscales también hacen presencia. Por ejemplo, muchos inversionistas en tierras agrícolas se encuentran vinculados al escándalo de los Panamá Papers. Otras “inversiones” parecen haber sido creadas para lavado de dinero, evasión de impuestos o para estafar a la gente con sus ahorros.
Pero el acaparamiento de tierras es una pieza fundamental del poder corporativo en la alimentación, concebido desde el agronegocio, los intereses agroquímicos, farmacéuticos, de transporte y venta de alimentos predominan en cada una de estas operaciones.
Como en muchas facetas de la modernidad capitalista, la organización comunitaria es el enemigo declarado. Por ello, estas inversiones han combatido de manera frontal o velada a los autogobiernos, bienes y sistemas de manejo territorial de índole comunitario.
Una nueva escala de acaparamiento tiene que ver con empresas del Norte Global que gestionan la certificación y venta de créditos de carbono a corporaciones que buscan demostrar que están tomando medidas para enfrentar el cambio climático.
Este mecanismo de financiarización de la naturaleza (y de la cultura, en la mayoría de los casos) se materializa en 9 millones de hectáreas de tierra, una superficie similar a la de Portugal, de plantaciones y cultivos a gran escala vinculados a 279 proyectos que afectan a 52 países en el Sur global. La mitad de ellos se encuentran en cuatro países: China, India, Brasil y Colombia.
Muchos de esos proyectos, dirigidos por empresas externas a las comunidades, consisten en enormes plantaciones de eucalipto, acacias o bambú en tierras que solían ser áreas de pastoreo o sabanas.
Un estudio publicado en Science reveló que la mayoría de los proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD) no han reducido la deforestación significativamente, y que aquellos que sí lo hicieron tuvieron beneficios sustancialmente inferiores a los afirmados, sin embargo, se espera que sus precios se cuadrupliquen junto a las compensaciones de biodiversidad.
La tenencia y distribución de la tierra en manos de los agricultores es un tema complejo en nuestros países, se requieren ideas antes que acciones, pero también acciones que generen mejores ideas. Todas ellas deberían confluir en modelos innovadores de financiación y propiedad contenidos en procesos de revolución agraria que nos alejen de la condición netamente extractiva.
Una revolución agraria debería ser integral, como la vida misma.
